Nuestro país es uno de los pocos que tienen la suerte de ofrecer una asistencia sanitaria gratuita a todos los españoles. Esto es algo que, aunque pueda traer consigo problemas de saturación en las listas de espera o incluso otras más graves, nos da también la oportunidad de ser atendidos, estemos trabajando en activo o no, y sea cual sea la gravedad de nuestra enfermedad. Gracias a esto, podemos ser operados de apendicitis, tratados de un brazo roto, o curados de un cáncer, sin tener que pagar las cuantiosas sumas de dinero que en otros países han de pagar aquellos que no tienen seguro privado o, el que tienen, no cubre todos los gastos.
He empezado el artículo abalando esta suerte que tenemos, porque a continuación voy a hablar de lo mal que funciona, algunas veces, nuestro sistema de salud, y de las incongruencias que hace el Estado al respecto, pero no quiero que todo eso manche mi opinión sobre lo beneficioso que es contar con una seguridad social de acceso público y gratuito.
Dicho esto, he de matizar que llevo años planteándome algunas cosas que no me entran en la cabeza y que, después de conocer algunas historias de boca de sus protagonistas, aún me reafirmo más en que nuestro sistema hace aguas.
Por ejemplo, para mí es una incongruencia que nuestros funcionarios, es decir, trabajadores del Estado, tengan la opción de tratarse en la Seguridad Social o en la salud privada gracias a un seguro que el Estado les ofrece a todos. Si bien es verdad que han de elegir, no pueden tener ambas cosas, ¿lo lógico no sería que siendo trabajadores del Estado sea la Seguridad Social de dicho Estado quienes les tratara? Al final es como si España fuera la empresa que los contrata y en lugar de mandarles a sus propios médicos los mandara a los médicos de la competencia. ¿Por qué? ¿Tal vez para liberar un poco la carga de los médicos de la seguridad social y las listas de espera? Es posible, pero sigue sin tener mucho sentido para mí. Si el Estado confía en el sistema de salud pública que tiene implantado, ¿por qué dar pagar a sus trabajadores un seguro privado que les dé acceso a otro sistema de salud?
Pero este no es el problema, al menos no del todo, lo grave es que esto pueda traer problemas a los hijos de estos funcionarios.
Una caso concreto
Como sabéis, todos los niños deben estar adscritos a la seguridad social asociados a la tarjeta sanitaria de uno de los progenitores o tutores legales. Pero ¿y qué pasa si ese progenitor es funcionario y escoge el seguro privado y no a la seguridad social?
Marina Blaya, psicopedagoga y maestra de audición y lenguaje en Alicante, tuvo que vivir una incómoda situación debido a la mala gestión de esta situación. En septiembre del año pasado, decidió optar por el seguro privado para ese año con el fin de probar la diferencia entre ser tratada por la seguridad social o por el seguro privado que el Estado le ofrece. Para cerciorarse de que no había ningún problema, consultó a un trabajador qué ocurriría con sus hijos que estaban asociados a su tarjeta en la seguridad social, a lo que el trabajador le dijo que no había ningún problema. Blaya solicitó por tanto el cambio al seguro privado y meses después du hijo pequeño, de tres años, cogió una infección de oído bastante dolorosa. Intentó sacarle cita con el pediatra, pero no pudo, así que fue a su centro de salud solicitando una visita de urgencias para calmar el dolor y tratar la infección de su pequeño, sin embargo, lo que se encontró es que en recepción del centro de salud le comunicaron que si atendían a su hijo debían cobrarle la visita al médico, ya que el pequeño no constaba afiliado en la seguridad social.
Ante la estupefacción de Marina, se estaba dando de bruces con un problema en el sistema que impedía a su hijo recibir atención médica, así que aun sabiendo que le iban a decir lo mismo en el seguro privado, acudió a buscar ayuda por este camino. Lógicamente, le comunicaron lo mismo, que si trataban a su hijo debería pagar la visita al médico, cualquier prueba que le hicieran y, por supuesto, los medicamentos, ya que no tendría receta de la seguridad social. Se dio cuenta entonces de que el gasto sería mayor allí, así que volvió al centro de salud solicitando hablar directamente con el pediatra que, hasta la fecha, había tratado a su hijo.
Lo que se encontró, fue a un hombre diciendo que si trataba a su hijo sin cobrarle la visita podría perder su licencia o meterse en problemas. No obstante, gracias a su buena fe, accedió a ver su hijo y hacerle las recetas oportunas a nombre del padre, quien seguía afiliado a la seguridad social.
Al día siguiente Marina Blaya asoció a sus dos hijos a la tarjeta sanitaria de su padre, solucionando así el problema, pero la pregunta es ¿cómo puede la seguridad social dejar sin atención médica a un niño de 3 años, y otro de 7, por un error del sistema?
Este tipo de situaciones son las que provocan que cada vez más trabajadores en activo que pueden pagarse un seguro privado escojan esa opción frente a la Seguridad Social. La sede de seguros Adeslas en Arganda del Rey nos ha confirmado que el número de afiliados a este seguir privado de salud aumenta cada año, así como el número de españoles que les solicita información al respecto, lo que se traduce en un dato que bien podría denostar el descontento de los españoles son nuestro sistema de salud pública.
Otra incongruencia: Mujer declarada persona inválida permanente a la que no le dan la pensión por llevar menos de 1800 días cotizados, pero tampoco le dejan trabajar para que cotice los 365 días que le faltan. Además, al no poder trabajar ni tener pensión no tiene acceso a la cartilla de afiliación de la seguridad social, por lo que se queda sin acceso a la medicina pública a excepción de urgencias.
Es el suma y sigue… pero en lugar de centrarnos en estas cosas debatimos si la donación de Amancio Ortega a la Seguridad Social es buena o mala… más incongruencias.
